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DERECHO INFORMATICO
LA INFORMATICA JURIDICA EN EL PERU
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DERECHO INFORMATICO
LA INFORMATICA JURIDICA EN EL PERU
 
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Esta pagina contiene conocimientos y experiencias vividas durante el curso de INFORMATICA JURIDICA de los alumnos de la UNIVERSIDAD ALAS PERUANAS-TUMBES.
ORGANISMOS REGULADORES DEL DERECHO A LA INFORMACIÒN
Un caso muy particular de nuestra legislación es la relevancia que ha adquirido entre nosotros la presencia de vías administrativas efectivas como las canalizadas por INDECOPI, especialmente en el ámbito de la protección del consumidor ante mensajes publicitarios engañosos, desleales, etc. En esta misma línea de originalidad, tenemos la existencia de organismos autor reguladores de la actividad informativa Ejemplo.
EL CONSEJO DE AUTO REGULACIÒN PUBLICITARIA (CONAR), ente de naturaleza ética al que las partes acuden cuando hay una trasgresión al Código de Ética Publicitaria.
RESEÑA HISTORICA DEL DERECHO A LA INFORMACIÒN
El derecho a la información es un pilar del Estado de derecho; no puede haber vigencia del Estado de derecho sin derecho a la información, ya que éste a su vez garantiza la libertad de pensamiento. En consecuencia, sin derecho a la información tampoco podría ejercerse el control ciudadano de la gestión pública.
El concepto de libertad de expresión, que no es más ni menos que la exteriorización de otro derecho fundamental, la libertad de pensamiento, ya había estado establecido en la Declaración Universal de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789 y 150 años después fue ampliado por la Declaración de las Naciones Unidas con el concepto de libertad de información. Se trata de un derecho fundamental que alcanza no sólo a los periodistas o empresarios de la información, sino a toda persona, independientemente de su condición.
Si a las personas se les niega el acceso a la información, se les veda expresar sus pensamientos o se las priva de su derecho a emitir y conocer opiniones, la manifestación de sus ideas no será libre y se estará así cometiendo una flagrante violación de sus derechos, en nuestro país de raigambre constitucional.
Respecto al interés público de la información, quedan incluidos todos los temas que son necesarios para el desarrollo de una sociedad civilizada y que de alguna forma y con un criterio objetivo contribuyen a que se haga efectivo el pluralismo político e ideológico, mientras que se descartan todos los temas que no se ajustan a ese criterio objetivo, como por ejemplo, la simple curiosidad malsana o morbosa en el conocimiento de determinados hechos.
Ámbito universal
La Declaración Universal de los Derechos Humanos reconoce el derecho a «todo individuo» de «investigar y recibir informaciones y opiniones y el de difundirlas sin limitación de fronteras, por cualquier medio de expresión» (artículo 19). También el Pacto Universal de Derechos Civiles y Políticos establece que «toda persona tiene derecho a la libertad de expresión», derecho que «comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole» (artículo 19)
La Convención de los Derechos del Niño, en el artículo 13 numeral 1, consagra: «el niño tendrá derecho a la libertad de expresión; ese derecho incluirá la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de todo tipo, sin consideración de fronteras, ya sea oralmente, por escrito o impresas, en forma artística o por cualquier otro medio elegido por el niño».
Ámbito interamericano
La Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre consagra el «derecho de toda persona a la libertad de investigación, de opinión y de expresión y difusión del pensamiento» (artículo 4).
A su vez, la Convención Americana de Derechos Humanos consagra el «derecho de toda persona a la libertad de pensamiento y expresión, comprendiendo dicho derecho, la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole» (artículo 13.1).
SITUACIÓN ACTUAL EN NUESTRO PAÍS DEL DERECHO A LA INFORMACIÓN. POLÍTICAS PÚBLICAS
Pero en nuestro país no existe una política de Estado o una cultura de la información, y los poderes públicos se reservan la información. Más aún, no obstante los tratados internacionales vigentes y ya citados y el texto constitucional, no existe un procedimiento adecuado que lo garantice, a pesar de los fallos judiciales y la labor de la doctrina. Prueba de ello es el proyecto Derecho a la información y acción de hábeas data, de la Comisión de Constitución, Códigos, Legislación General y Administrativa. Es un proyecto original del año 1996 que ha sufrido modificaciones y aditivos y está en discusión en el presente año.
Como fundamental en la exposición y presentación del proyecto se expresa:
En una sociedad democrática resulta evidente que la actividad pública debe tender a la transparencia siendo asequibles a todos los ciudadanos. Sin embargo, es habitual que se constituyan núcleos burocráticos contrarios a este principio, que tienden a convertir su actividad en un secreto.
Es una experiencia que creemos común a los ciudadanos, que afecta aún a los propios legisladores que han podido comprobar como algunos secretos legalmente establecidos se han expandido impidiendo el acceso a la información a que tienen derecho de conformidad al artículo 118 de la Constitución.
Y el profesor José Aníbal Cagnoni en una nota de jurisprudencia relativa a la Sentencia de un Tribunal de Apelaciones manifiesta:
cuando el Tribunal menta expresamente el derecho de la información como ámbito del control del Poder Político, está mentando a la democracia como régimen de convivencia, el control del poder es esencial al régimen democrático, como el secreto es la garantía de la supervivencia del régimen autocrático. La doctrina y jurisprudencia de los tribunales internacionales es conteste en la defensa del derecho a la información, la cual es fundamental para la plena vigencia del sistema democrático.
Opiniones consultivas y sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos
La Corte Interamericana (CIDH) ha subrayado que existen dos dimensiones del derecho a la libertad de expresión: el derecho a la libertad de pensamiento y de ideas, y el derecho a recibirlas. La restricción de este derecho por una interferencia arbitraria afecta no sólo el derecho de los individuos a expresar la información y las ideas, sino también el derecho de la unidad en su conjunto a recibir todo tipo de información y de opiniones (opinión consultiva OC-5/85). Asimismo, citando una decisión de la Corte Europea (Handyside c. El Reino Unido, sentencia del 7 de diciembre de 1976, serie A, nº 24, § 49), la CIDH ha declarado que la protección de la libertad de expresión debe abarcar no sólo la información o las ideas favorables, sino también las que «chocan, inquietan u ofenden», porque «tales son las demandas del pluralismo, la tolerancia y el espíritu de apertura, sin las cuales no existe una sociedad democrática». Ha señalado además que es primordialmente a través de los medios de comunicación que la sociedad ejerce su derecho a la libertad de expresión (OC 5/85). En mérito a ello expresa la Corte Interamericana:
La libertad de expresión no está completa en el reconocimiento teórico del derecho a hablar o escribir, sino cuando también incluye, en forma inseparable, el derecho a usar todo medio adecuado para divulgar información y garantizar que llegue a la audiencia más amplia posible (caso Ivchner Bronstein, Sentencia del 6 de febrero de 2001, Serie C, nº 74, párrs. 147-150).
Y un articulista de nacionalidad francesa afirma:
Es lamentable comprobar que en Francia el alcance de los poderes del secreto abiertos al Poder Ejecutivo y Administrativo es particularmente amplio, lo que explica el sentimiento difusos de los franceses en el sentido de que el estado es un monstruo que los supera y los excluye.
Sin duda estas expresiones aclaran debidamente que la «cultura del secreto» es el ámbito fértil para el predominio de la arbitrariedad y la corrupción.
En coincidencia con ella años la Delegación Francesa ante las Naciones Unidas manifestó:
la libre información del ciudadano implica necesariamente la ausencia de toda limitación y de toda servidumbre impuesta a la expresión de ideas o la difusión de noticias, tanto si esta servidumbre es directa e impuesta por los poderes públicos, como si es el resultado indirecto del acaparamiento económico de los medios materiales.
El derecho a la libertad de expresión comprende el derecho a divulgar y el derecho a buscar o procurar y recibir ideas e información. En relación con este principio, el acceso a la información en poder del Estado es un derecho fundamental de los individuos y los Estados tienen la obligación de garantizarlos. Por tanto, se entiende que toda persona tiene derecho a solicitar documentación e información mantenida en los archivos públicos o que fuera procesada por el Estado, o sea, información considerada de fuente pública o de documentación gubernamental oficial.
Sin la información a la cual toda persona tiene derecho, es imposible el ejercicio de la libertad de expresión, como una de las formas de control ciudadano de la gestión de gobierno. La falta de control atenta contra la esencia de un Estado democrático, lo cual lleva a la arbitrariedad y el abuso y da paso a la transformación totalitaria.

 
El término "Derecho Informático" (Rechtsinformatik) fue acuñado por el Prof. Dr. Wilhelm Steinmüller, académico de la Universidad de Regensburg de Alemania, en los años 1970.[1] Sin embargo, no es un término unívoco, pues también se han buscado una serie de términos para el Derecho Informático como Derecho Telemático, Derecho de las Nuevas Tecnologías, Derecho de la Sociedad de la Información, Iuscibernética, Derecho Tecnológico, Derecho del Ciberespacio, Derecho de Internet, etc.

Se considera que el Derecho Informático es un punto de inflexión del Derecho, puesto que todas las áreas del derecho se han visto afectadas por la aparición de la denominada Sociedad de la Información, cambiando de este modo los procesos sociales y, por tanto, los procesos políticos y jurídicos. Es aquí donde hace su aparición el Derecho Informático, no tanto como una rama sino como un cambio.
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